Un espía contra la piratería

El detenido entraba en foros de Internet y colocaba anuncios en los que ofrecía, a precios muy módicos, en torno a 3 euros, series completas de televisión, música y películas recién estrenadas y de calidad. La lista de títulos y obras que ofrecía la tenía a disposición de los interesados en la dirección http/usuarios,lycos.esfresco38. Para ponerse en contacto con él dejaba un correos electrónico de Hotmail. El infiltrado contactó con él y le pidió diferentes títulos. Su objetivo no era recriminarle por lo que hacía, sino obtener pruebas sólidas para luego inculparle ante la justicia. Y lo consiguió.

El pirata, ajeno a que se trataba de un representante de las asociaciones de defensa de los derechos de autor, incluso le facilitó su cuenta bancaria de Caja de Madrid en la que debía depositar el dinero por la adquisición de las obras. Con los CDs y DVs, sin serigrafía, que le había remitido el pirata, el correo electrónico de éste, su número de cuenta corriente y copias del cruce de mensajes entre ambos acudió a la policía. El vendedor se identificó ante el infiltrado como Sergio P.M., de nacionalidad mexicana y residente en Madrid.

Con los datos aportados por el infiltrado, la policía pidió al Juzgado de Instrucción 14 de Madrid que reclamase a Microsoft la identidad de la persona que había abierto la cuenta de correo de Hotmail a través de la que negociaba el pirata y el nombre del titular del cuenta bancaria en la que pedía que se le ingresase el dinero. El juez no sólo ordenó eso; también decretó un registro en su casa. Analizados todos esos datos, el magistrado llegó a la conclusión de que Sergio P. M. estaba cometiendo un delito contra la propiedad intelectual, ya que vendía creaciones artística sin autorización de sus dueños y con ánimo de lucro. Precisamente, la Fiscalía General del Estado ha enviado a todos los fiscales una circular en la que ordena que se persiga a los piratas cuando se advierta que hay ánimo de lucro. Bajarse películas o música de Internet no es delito, salvo que medie un ánimo de lucro. La Fiscalía, en esa misma circular, deja abierta la posibilidad a los dueños de tales creaciones para que actúen por la vía civil contra las personas que se descargan música o películas sin ese ánimo de lucro. Es decir, permite exigirles una indemnización, pero no lo considera un delito.

En el caso de Sergio P. M., el objetivo del registro decretado en su domicilio de Madrid fue detectar el ordenador y los medios de grabación utilizados por éste para cometer el delito. Sergio P. M. fue detenido a mediados de este mes de marzo, aunque la investigación contra él se inició el pasado mes de diciembre. Gracias a la cuenta bancaria, la policía pudo comprobar que el detenido había ingresado unos 1.500 en cuestión de unos meses vendiendo películas y series de televisión. En su cuenta constaban cerca de 40 personas que le habían remitido dinero por este mismo concepto: la venta ilegal de contenidos musicales o de televisión. Asimismo, en el registro se observaron cientos de DVs con contenidos piratas y los ordenadores en los que se habían hecho las grabaciones ilegales. El detenido declaró que obtenía tales obras descargándoselas de Internet, aunque la policía ha descubierto, además, que en su casa disponía de medios audiovisuales copiados de obras de una biblioteca de la Comunidad de Madrid que también las tenía a la venta.

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