CONSULTORIA: Estudio analítico sobre el rol que el sector privado podría jugar en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos y retornados y de sus familias, identificando estrategias articuladas con la empresa privada para hacer frente a la crisis migratoria.

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTORIA

Estudio analítico sobre el rol que el sector privado podría jugar en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos y retornados[1] y de sus familias, identificando estrategias articuladas con la empresa privada para hacer frente a la crisis migratoria.

EQUIPO/PROGRAMA

Programa de Apoyo a la Sociedad Civil (PASC), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Save the Children en coordinación con Save the Children Suecia

 

UBICACIÓN

La consultoría puede ser ejecutada desde cualquier lugar de la región de América Latina.

 

CONTEXTO

Venezuela ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las economías emergentes más importantes de América Latina, basada principalmente en las grandes reservas de petróleo del país. Sin embargo, en los últimos años, debido a la inestabilidad política y económica que vive el país, miles de venezolanos han huido de Venezuela, escapando de los altos niveles de inseguridad y de la falta de disponibilidad de alimentos esenciales, medicamentos y servicios sociales. La escasez desenfrenada deja las tiendas vacías, y muchos hospitales están mal equipados para tratar incluso problemas de salud básicos. La malnutrición está aumentando y algunos padres que no pueden alimentar a sus hijos los han entregado a orfanatos. La violencia es generalizada, y las fuerzas de seguridad han sido acusadas de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos.

La crisis política en Venezuela ha empeorado en los últimos meses, desde que el presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, se proclamó a sí mismo presidente interino, con el apoyo de los Estados Unidos y varios países latinoamericanos y europeos; ignorando la autoridad del presidente Nicolás Maduro.

Las tensiones en la frontera con Colombia que han impedido la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela, es un factor que hace más compleja la situación y abre la posibilidad de una crisis internacional de mayor escala.

La economía de Venezuela continúa desmoronándose; la tasa de inflación en agosto de 2018 fue de 223,1%, lo que elevó la tasa acumulada en los primeros ocho meses del año a 34,680.7%, según la Asamblea Nacional (Congreso).  Con más de 3 millones de refugiados y migrantes fuera de Venezuela, América Latina está experimentando el éxodo más importante de su historia, catalogado por muchos como una gran crisis humanitaria.

Debido a las razones mencionadas anteriormente, el flujo de personas que salen de Venezuela sigue aumentando, mientras que las capacidades nacionales de los países de acogida se sobrepasan gradualmente. En diversos grados, las personas venezolanas pueden acceder a servicios esenciales relevantes en los países receptores, incluida la atención médica, la educación e incluso la seguridad social. Sin embargo, un número significativo de personas venezolanas permanece en una situación irregular, sin documentación o permiso para quedarse, sin acceso a los derechos laborales y otros derechos o servicios básicos, que intensifican su situación de riesgo frente a la explotación, el abuso, la manipulación, entre otros riesgos.

Los países vecinos continúan recibiendo el mayor número de personas migrantes venezolanas y sirven como la primera parada para aquellos en tránsito hacia otros lugares en América del Sur. Colombia tiene el mayor número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela: un total de más de un millón. Le sigue Perú, con más de medio millón; Ecuador, más de 220.000; Argentina, 130.000; Chile, más de 100.000 y Brasil, 85.000. Además de los países de América del Sur, los países de América Central y el Caribe también registraron un aumento en el número de llegadas de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Panamá, por ejemplo, ahora alberga a 94,000 personas venezolanas.

Asimismo, en países vecinos, incluidos Colombia y Perú, miles de personas venezolanas trabajan como vendedores ambulantes, o en pequeños negocios tales como restaurantes y bares, salones de belleza y almacenes y la gran mayoría trabaja sin tener contratos o protección laboral.

Como consecuencia de la gravedad de la crisis, hay muchos niños y niñas separadas de sus familias y se desconoce cómo están sobreviviendo, en qué condiciones y si se encuentran trabajando. Pero se sabe que muchos de estos niños y niñas están en un riesgo muy alto de explotación.

Feline Freier, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico en Perú, ha señalado sobre la crisis venezolana en Colombia y Perú: «Tenemos un problema con los grupos paramilitares, tenemos un problema con la trata de personas, tenemos un problema con el trabajo infantil, la explotación sexual, y la contratación de niños para la minería”.

Dada la complejidad para encontrar información relevante sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes venezolanas y retornadas[2] en el sector informal de la economía, Save the Children considera prioritario recoger información sobre la situación de los mismos en el sector formal de la economía de los países seleccionados (Colombia y Perú); identificando las vulneraciones a los derechos de la niñez que se pudiesen estar dando en el contexto de las empresas formales. Según la información preliminar se sabe que, dentro del sector formal, la mayoría de personas trabajadoras migrantes venezolanas se encuentra laborando en pequeñas o medianas empresas; y en una mínima proporción en grandes empresas. Asimismo, en el caso colombiano, hay un sector de empresas venezolanas formalizadas.

En este sentido, el estudio pretende identificar a) en qué sectores e industrias se están dando las mayores vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y retornados no acompañados, de aquellos que se trasladan con sus padres y de las familias migrantes y retornadas; b) en qué consisten tales vulneraciones de derechos, bajo un enfoque de género; c) qué estrategias se podrían diseñar con el apoyo del sector privado para proteger los derechos fundamentales de la niñez migrante y retornada, en el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa y en aplicación de los Derechos del Niño y Principios Empresariales[3], y d) qué políticas públicas deberían implementarse, de la mano con el sector privado, para promover el respeto y la protección de los derechos fundamentales de la niñez migrante y retornada y de sus familias.

Cabe mencionar que, en el caso de Colombia, algunas de las empresas formales ya cuentan con planes de Responsabilidad Social Empresarial, en los cuales ha habido cierta apertura para apoyar iniciativas relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz, los desplazados y los desmovilizados del conflicto armado interno. En este sentido, dichas iniciativas podrían servir de puerta de entrada para trabajar la temática de la crisis migratoria venezolana. De este modo la crisis migratoria obliga al sector formal a preguntarse cómo es la “nueva realidad” en las zonas donde las empresas vienen desarrollando sus actividades; y cuál debe ser la respuesta hacia la misma en el marco de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial.

El presente estudio se concentrará en los países de Colombia y Perú, en los cuales se han identificado importantes desafíos para la respuesta humanitaria a la crisis venezolana. Se espera que los hallazgos del presente estudio sirvan de insumos a las Oficinas de Save the Children de los países señalados; así como para otros socios relevantes del programa PASC que deban desarrollar programas y estrategias en favor de la población migrante venezolana. En este sentido, el estudio debe servir de base para las siguientes acciones: a) diseño de programas y proyectos para la protección de la niñez migrante y retornada, con el apoyo del sector privado; b) elaboración de estrategias de incidencia dentro de cada país para asegurar un marco normativo adecuado y un mayor control del Estado sobre las empresas que prevenga vulneraciones a los derechos fundamentales de la niñez migrante venezolana y retornada y de sus familias; c) desarrollo de alianzas estratégicas con el sector privado para llevar a cabo un análisis más profundo de sus políticas y prácticas que asegure la protección de los derechos de la niñez migrante y retornada y de sus familias, al interior de la empresa y dentro de sus cadenas de valor y d) identificar posibles alianzas público-privadas, con el apoyo de la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de la niñez migrante y retornada  y de sus familias.

OBJETIVO

Realizar un estudio analítico sobre el rol del sector privado en la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos y retornados y de sus familias en los países de Colombia y Perú, con la finalidad de proponer políticas públicas y promover acciones de Responsabilidad Social empresarial, que utilicen los Derechos de la Niñez y Principios Empresariales[4] como marco de referencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El consultor deberá  cumplir con los siguientes objetivos específicos:

 

·         Identificar y documentar brevemente, con base en la revisión de fuentes secundarias y entrevistas con actores/organizaciones clave en qué sectores e industrias la población venezolana está inserta y dónde se estarían dando situaciones de vulneraciones de derechos a la niñez migrante y retornada y a sus familias, considerando un enfoque de género.

·         Con base en lo señalado en el objetivo anterior, describir en qué consisten las vulneraciones de derechos antes señaladas, considerando un enfoque de género.

·         Identificar, dentro del sector formal, cuáles son los principales mecanismos de reclutamiento de las personas trabajadoras migrantes y retornadas en los países analizados y si los mismos respetan o no los estándares mínimos de la legislación vigente[5].

·         Identificar y analizar sectores de la empresa privada donde se garanticen procesos de reclutamiento formales, donde se aseguren mejores condiciones de trabajo para las personas migrantes venezolanas y para las personas retornadas, o donde haya programas de Responsabilidad Social Empresarial en favor de las mismas.

·         Mapear los servicios y programas gubernamentales y no gubernamentales que actualmente asisten y protegen a las personas trabajadoras migrantes y retornadas y a sus hijos e hijas menores de edad.

·         Proponer actividades estratégicas y políticas públicas que involucren a la empresa privada para asegurar el respeto y protección de los derechos humanos de la niñez migrante y de sus familias.

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

 

·         Diseñar un Plan de Trabajo para aprobación del Asesor Temático Regional sobre Empresas y Derechos de la Niñez de Save the Children Suecia y la Asesora Temática Regional sobre Migraciones.

·         Revisión de fuentes secundarias relativas a la situación de la niñez migrante venezolana y retornada y de sus familias, incluidos documentos producidos por Save the Children, sus Oficinas de País en Colombia y Perú; así como documentación producida por sus socios locales en ambos países, información de Prensa, informes oficiales de organismos internacionales, entre otros.

·         Elaborar un Plan de misión para los 2 países donde se realizará el estudio, indicando resultados esperados y personas e instituciones a ser entrevistadas.

·         Elaborar instrumentos de recojo de información para las visitas de campo, las cuales deberán ser validadas por el Asesor Temático Regional sobre Empresas y Derechos de la Niñez y la Asesora Regional sobre Migraciones.

·         Analizar y procesar la información recabada para proceder a la redacción del estudio en un formato amigable.

·         Elaboración de una presentación de Power Point que recoja los hallazgos y conclusiones principales de la investigación.

METODOLOGÍA

La presente consultoría se llevará a cabo considerando los siguientes aspectos:

– Revisión de fuentes secundarias (reportes existentes, reportes de Prensa, estudios y análisis existentes, informes gubernamentales, etc.)

– Entrevistas con actores clave (organizaciones internacionales, ONGs que trabajan por la protección de los migrantes, ONGs que trabajan por los Derechos del Niño, expertos académicos, actores claves del Estado, etc.)

– Entrevistas con personal clave de las Oficinas de País de Perú y Colombia; así como con socios relevantes del programa PASC en ambos países.

– Visitas a algunas empresas que tengan prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en favor de los trabajadores migrantes o retornados.

Las Oficinas de País antes indicadas y los socios locales relevantes del programa PASC, brindarán información de base para que la persona consultora realice su Plan de Trabajo y participarán en la revisión del producto final de la consultoría; así como de otros documentos que se consideren relevantes.

PRODUCTOS ESPERADOS

·         Plan de trabajo que incluya metodología y cronograma de trabajo.

·         Herramientas para el recojo de información en campo.

·         Esquema del documento final de la investigación, debidamente aprobado.

·         Documento final de la investigación.

 

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA

ESENCIAL

·         Título Profesional en Derecho, Recursos Humanos, Sociología, Relaciones Internacionales o afines.

·         Al menos 3 años de experiencia en temas relativos a Derechos Humanos o Derechos del Niño.

·         Experiencia previa de trabajo en temas relacionados con Migraciones, Trata y Tráfico de Personas Trabajo Infantil y/o Explotación Sexual Comercial.

·         Experiencia previa y comprobada en la elaboración de investigaciones de alta rigurosidad metodológica, líneas de base, diagnósticos situacionales o documentos similares.

·         Excelentes habilidades de redacción en español.

·         Habilidades para pensar y planificar estratégicamente.

·         Disponibilidad inmediata y para viajar fuera del país de residencia.

DESEABLE

·         Experiencia de trabajo previa con Save the Children.

·         Experiencia y conocimientos sobre Responsabilidad Social Empresarial

·         Conocimiento y experiencia previa de trabajo con los Derechos del Niño y Principios Empresariales.

·         Alto nivel de creatividad.

 

DURACION DEL CONTRATO

–       4 meses de duración. El informe final deberá ser presentado a más tardar el 20 de setiembre de 2019.

DIA DE PUBLICACION

–       Por favor remitir su CV y propuesta técnica (no más de dos hojas) y económica en un único documento pdf, a la siguiente dirección de correo electrónico, indicar en el asunto Estudio analítico sobre el rol que el sector privado podría jugar en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos : [email protected],

–       La propuesta técnica deberá incluir la metodología y el enfoque con el cual la persona consultora cumpliría con los objetivos planteados. Asimismo, la persona consultora deberá indicar el número de días de trabajo requerido para la realización de la investigación.

–       El contrato se suscribirá a suma alzada, por lo que la propuesta económica deberá incluir los honorarios profesionales, el costo de un viaje a Colombia y a Perú y otros gastos.

–       Último día para enviar aplicaciones:  10 de Mayo de 2019

–       Colocar en el asunto: Sector privado y migraciones

[1] Para efectos del presente estudio se entiende como niñas y niños migrantes aquellos que, viajando solos o acompañados por sus padres, familiares u otros adultos, han dejado su país de origen (Venezuela), con el objeto de residir en un país diferente.

Asimismo, para los fines del presente estudio se entiende por niños y niñas retornados, aquellos que son hijos de madres o padres colombianos o peruanos, casados (o convivientes) con venezolanos, y que migraron a Venezuela por razones del conflicto armado interno que existió en Colombia y Perú o por otras razones tales como pobreza o desempleo; y que debido a la crisis actual existente en Venezuela, han debido retornar a sus países de origen.

 

 

[2] Para efectos del presente estudio, se entiende por personas trabajadoras retornadas a aquellas personas de origen colombiano, peruano o mixto (colombiano/venezolano o peruano/venezolano) que por razones del conflicto armado interno que se vivió en Colombia y Perú, pobreza, desempleo u otras razones migraron a Venezuela; pero que como consecuencia de la crisis existente en este país debieron retornar a sus países de origen en busca de oportunidades laborales.

 

[3] https://www.unicef.org/costarica/docs/cr_pub_Derechos_del_Nino_y_Principios_Empresariales.pdf

[5] Por ejemplo verificación de la edad mínima para el empleo, prácticas no discriminatorias de contratación, reclutamientos transparentes que no oculten formas de explotación encubiertas, etc.

 


Requisitos :

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